La fiscal general, Pam Bondi, anuncia la llegada del salvadoreño “para enfrentarse a la justicia”
– El caso de Abrego García cobró notoriedad porque el Gobierno admitió por primera vez un error en su política de deportaciones. El salvadoreño, de 29 años, que residía en Maryland, fue enviado a la megacárcel de máxima seguridad conocida como Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador el 15 de marzo a pesar de contar con una protección judicial que prohibía su expulsión de Estados Unidos.
Abrego García había sido acusado por el Gobierno de pertenecer a la pandilla criminal salvadoreña MS-13, a pesar de que no aportó ninguna prueba y de que sus abogados y su familia del lo han negado siempre. A pesar de haber reconocido el error, desde la Administración siempre se intentó justificar su expulsión. En abril se hizo público un vídeo de un control de tráfico de 2022. En él, Abrego García conducía un vehículo en el que viajaban ocho migrantes indocumentados. Aunque hasta ahora no se habían presentado cargos contra él, las autoridades lo usaron como una prueba de sus presuntas actividades delictivas.
La Administración Trump había desobedecido hasta la fecha las órdenes judiciales que le instaban a enmendar su error y devolver a Abrego García a Estados Unidos. Incluso el Tribunal Supremo había pedido al Gobierno que “facilitase” su retorno. La Casa Blanca alegó hace un mes “secreto de Estado” para evitar dar información sobre el caso.
Abrego García llegó a Estados Unidos con 16 años, huyendo de las amenazas que recibía por las pandillas que dominaban El Salvador. En 2019 recibió la protección de un juez para no ser deportado, pues se exponía a represalias en su país de origen. En Maryland trabajaba como obrero metalúrgico y vivía con su mujer, un hijo en común y otros dos de una relación anterior de su esposa.
